Indica que si
el PSOE lo hubiera aceptado en la tramitación de la Ley de Puertos, ahora no
habría un dictamen motivado sobre el modelo de estiba. El sector critica que se
ocultara un proceso iniciado hace unos 3 años
Algeciras,
España, 10 de octubre del 2012.- El presidente del
Organismo Público Puertos del Estado, José Llorca, compareció esta semana en la
Comisión de Fomento y, a preguntas de los diputados, indicó que durante la
tramitación de la Ley de Puertos el PP propuso que las empresas pudieran
abandonar las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP)
cuando lo consideraran oportuno, pero que el PSOE lo rechazó "por
presiones sindicales y empresariales".
Así lo indicaron varios diarios de prensa
especializada del sector portuario en su edición de ayer, donde también
publicaron que Llorca considera que si esa propuesta se hubiera acordado, ahora
no estaría sobre la mesa el dictamen motivado de la Comisión Europea a España
por su modelo de estiba, que el presidente de Puertos aseguró que está
"tremendamente fundamentado".
Dicho dictamen es el segundo paso en el
procedimiento de infracción. De hecho, en el sector aseguran que el proceso
abierto contra España por oponerse al principio de libertad de establecimiento
que dispone la Unión Europea tiene casi tres años, ya que se inició poco
después de aprobarse la Ley de Puertos 33/2010, por lo que afirman que tanto
Fernando González Laxe -como presidente durante la tramitación-, como ahora
Llorca, ocultaron la situación.
El actual presidente de Puertos del Estado
indicó además en la Comisión de Fomento que las únicas salidas al dictamen
motivado son adaptarse a la posición marcada por la Comisión Europea o esperar
a la decisión que tome el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por otro lado, el secretario de Estado de
Infraestructuras y Transporte, Rafael Catalá, indicó que el Gobierno no se ha
planteado aún la modificación de la Ley de Puertos 33/2010 por el dictamen
motivado recibido hace unos días.
La Comisión Europea dio a conocer hace unos
días que había remitido a España un dictamen motivado para que en el plazo de
dos meses informe de las medidas adoptadas para garantizar el pleno
cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Considera que la obligación que el Real
Decreto-Ley 2/2011, de 5 de septiembre imprime a las empresas estibadoras para
participar financieramente en el capital de las SAGEP para la provisión de
trabajadores, impidiéndoles recurrir al mercado para contratar a su personal -a
menos que la mano de obra propuesta sea inadecuada o insuficiente-, se opone al
principio de libertad de establecimiento que dispone el Tratado de la Unión
Europea y podría suponer una barrera para que proveedores de otros Estados
miembros se establezcan en España.
Fuente: Europa sur